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EL PP CONSIDERA QUE SE HA ACREDITADO LA RELACIÓN ENTRE COMPROMÍS Y PSICONOX

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El grupo municipal del Partido Popular considera que la Comisión de Investigación del ‘caso Psiconox’ ha acreditado la legalidad del procedimiento de contratación de los talleres organizados por la Concejalía de Sanidad, pero también que existía una relación previa entre miembros de Compromís en San Vicente del Raspeig y el presidente de la asociación que impartió los talleres, que forma parte de la Ejecutiva de este partido en Alicante.

La Comisión también ha constatado que la entonces concejala de Sanidad y Consumo, Isalia Gutiérrez, de Compromís, continuó contratando con dicha asociación tras conocer que su presidente era miembro de su partido, tal y como ella reconoció en su comparecencia. En total, adjudicó de forma directa once contratos a Psiconox por un importe total de 16.500 euros.

El grupo popular ha explicado que “el ‘caso Psiconox’ ha puesto en evidencia una vez más las contradicciones entre los principios y las líneas rojas que Compromís defendía y exigía a otras formaciones políticas cuando estaban en la oposición y cómo actúan ahora sus concejales desde el gobierno”.

Durante la Comisión de Investigación se ha vuelto a poner en evidencia la división del cuatripartito de San Vicente y la falta de confianza entre algunos de sus miembros. Además, han implicado en sus disputas partidistas a funcionarios municipales que deben trabajar siempre desde la independencia, la imparcialidad y el rigor. Su labor de supervisión y fiscalización de los procesos de contratación ha vuelto a quedar acreditada, una vez más.

La Comisión de Investigación ha acreditado que la contratación de los talleres, charlas y cursos organizados por la Concejalía de Sanidad y Consumo se ajustó a la legalidad, según se desprende de los informes técnicos emitidos por Intervención y Sanidad y de la documentación analizada.

El grupo municipal del Partido Popular ha participado en esta Comisión con el único objetivo de velar por el cumplimiento de la legalidad y en defensa de los intereses generales de los ciudadanos, a quienes corresponde juzgar los comportamientos de cada partido y las contradicciones.

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